40 años de vida a subasta: historia de un desahucio

Cada desahucio de los casi 10.000 que se producen al año en Andalucía tiene su historia detrás. Esta es la de María José, Fernando y sus tres hijos, que luchan contra Caja Rural para conservar su vivienda.

Imaginad cómo sería construir desde los 18 años la casa de tus sueños. Y que pasados 40 años y formada una familia, llega un banco y se la adjudica por un precio irrisorio, dejándoos en la calle junto a vuestra pareja y vuestros hijos.

Ese es el caso de María José, Fernando y sus tres hijos, las últimas víctimas de desahucio de la Caja Rural de Granada. El pasado 17 de noviembre, esta familia de Las Gabias en la provincia de Granada, tenía previsto el lanzamiento de su vivienda pero la Plataforma Stop Desahucios Granada 15M en colaboración con la familia y la presión de las instituciones han provocado que esta ejecución se haya aplazado dos veces, aunque a la espera de una nueva fecha de desahucio si no se llega a un acuerdo. 

El domingo, 12 de noviembre, la Plaza del Ayuntamiento de Granada vivió un episodio semejante al 15M pero a pequeña escala. La Plataforma Stop Desahucios 15M Granada acampó junto a la familia afectada y algunos familiares en la céntrica plaza del Carmen, justo a la derecha de la puerta de acceso del Ayuntamiento de Granada, que amaneció con tiendas de campaña, carpas y un despliegue de carteles informativos y reivindicativos. 

Así, en el día del desahucio, más de 200 personas se presentaron en el domicilio de Las Gabias como muestra de apoyo a la familia. Algunas en el interior de la vivienda y otras muchas tras el cordón desplegado por la Guardia Civil. Dos horas y media de auténtica tensión pero también de unión y emoción, pues al marcar las 11h —hora prevista para el lanzamiento— y pasados unos minutos de silencio en el que todas las personas allí congregadas alzaron sus brazos, se comunicó la paralización del desahucio. 

La abogada que colabora con la PAH Granada explicó que “estaban a la espera del expendiente judicial para ver si lo ha impugnado la otra parte o si el juez había resuelto, algo que ayudará a barajar qué opciones de recursos cabrían contra una resolución judicial que desestimase ese recurso, además de seguir a la espera de una nueva fecha de lanzamiento, por supuesto”.

Por su parte, el Defensor del Ciudadano de Granada, Manuel Martín García, señala el caso de María José y Fernando “como un nuevo episodio de la gran lacra de esta sociedad” e incide en “poner orden y una conciencia mayor, que los bancos actúen de otra manera, así como los gobernantes legislen de otro modo”. En referencia a Granada, Martín advierte que “no es la excepción en esto de los desahucios” aunque sí recalca que “quizás el tejido asociativo está alzando la voz y está haciendo más ruido que en otras zonas”.

El origen

Fernando y María José relatan a El Salto los motivos que les llevaron a esta delicada situación. “Todo empezó con un crédito que pedimos mis socios y yo para ampliar el negocio”, explica Fernando, que regentaba junto a dos compañeros un negocio de almacenaje de vidrio y metalistería desde 2004. 

Este negocio era la única fuente de ingresos de la familia. El último gran préstamo se pidió en 2007 y les hicieron una hipoteca avalando la vivienda de cada socio. Fue a partir de ahí cuando vinieron los problemas y con la llegada de la crisis comenzaron los impagos a los trabajadores, se deshizo la empresa con embargos de la Seguridad Social y Hacienda.

Entrada la crisis, a la hipoteca todavía le quedaban diez años todavía por pagar. “Aun así, la empresa siguió hasta que no pudo aguantar más frente a los embargos e impagos, y una vez cerró la empresa se nos echaron todos los acreedores encima”, lamenta Fernando. El banco empezó a ejecutar la hipoteca y los avisos continuados a los tres socios, que llegaron al extremo de “no tener ni para comer”, apunta. 

Con el problema de frente, intentaron hacer una restructuración para que los pagos fueran más pequeños —pagaban de hipoteca casi 6.000 euros mensuales—. ¿Qué pasó? Cuando pidieron una refinanciación resultó imposible pues, como comentaba María José, “una vez que apareces en las listas de morosos, te conviertes en un cero a la izquierda, nadie te ayuda”.

A partir de ese momento empezaron a llegar las cartas de embargo, la casa salió a subasta y se la adjudicaron en 2014 por 115.000 euros, cantidad que la familia ha ofrecido ahora para la recompra y que desde Caja Rural Granada han desestimado.

La fecha prevista para el primer lanzamiento fue el 9 de octubre de 2017, que se paró judicialmente y consiguieron ampliar el plazo 40 días, que se cumplieron el 17 de noviembre. Gracias al apoyo de cientos de personas han conseguido más tiempo, pero la historia de María José y Fernando está lejos de terminar. 

Foto: Carlos Gil
9 enero 2018 - El Salto